La pelea entre LaLiga y las redes privadas virtuales ha subido otro escalón. La patronal del fútbol español ha llevado su ofensiva contra la piratería hasta Bruselas y quiere que varios servicios de VPN aparezcan en la lista de vigilancia que la Unión Europea elabora cada año sobre falsificación y piratería. En el punto de mira están nombres conocidos como NordVPN, ExpressVPN, Surfshark y Proton VPN, aunque la petición no implica que Bruselas los considere ilegales de forma automática.
El movimiento se produce después de una campaña más amplia de LaLiga contra las emisiones no autorizadas. La organización que preside Javier Tebas sostiene que estas herramientas se están usando para saltarse los límites geográficos de los derechos de retransmisión y acceder a partidos desde otros países a precios más bajos o, directamente, sin coste. Las empresas afectadas rechazan ese enfoque y recuerdan que una VPN es una tecnología legal que también sirve para proteger la privacidad.
La petición ante la Comisión Europea
LaLiga ha pedido formalmente a la Comisión Europea que incluya a determinados proveedores de VPN en la conocida como Counterfeit and Piracy Watch List, una relación de servicios y páginas señalados por facilitar o participar en la piratería. La solicitud afecta a marcas populares como NordVPN, ExpressVPN, Surfshark y Proton VPN, a las que se suman otros nombres dentro de un informe más amplio.
¿Qué significa estar en esa lista? No es una condena ni una sentencia. Se trata de una herramienta de vigilancia y presión que la UE utiliza para llamar la atención sobre actividades problemáticas. LaLiga pretende que las VPN dejen de ser vistas como intermediarios técnicos neutrales y pasen a estar bajo sospecha por el uso que, según su criterio, promueven.

El argumento de LaLiga: afiliados, tutoriales y geobloqueo
El núcleo de la acusación está en el marketing de afiliados. Según LaLiga, las VPN obtienen ingresos gracias a contenidos creados por terceros, blogs, influencers o webs que explican cómo cambiar la ubicación del dispositivo para ver fútbol en el móvil fuera de las restricciones habituales. La patronal entiende que ese ecosistema no solo informa: también anima a saltarse las divisiones de derechos y licencias que existen en España y en el resto de Europa.
En la práctica, una VPN permite conectarse a un servidor situado en otro país. Eso puede servir para blindar la conexión, ocultar la dirección IP y cifrar los datos, pero también para eludir bloqueos judiciales o acceder a catálogos y emisiones disponibles en territorios distintos. LaLiga no dice que toda VPN sea ilegal, sino que ciertos usos y ciertas campañas de promoción convierten a estas empresas en parte del problema.
La patronal futbolística lleva tiempo cerrando vías de piratería y ha protagonizado medidas polémicas, como los bloqueos masivos o las denuncias a bares. Ahora quiere que Bruselas apriete a las VPN que, a su juicio, se lucran de un ecosistema que enseña a saltarse las restricciones geográficas para ver partidos. La discusión, por tanto, no va solo de tecnología: también de derechos de emisión, competencia entre plataformas y límites territoriales.
La defensa de las VPN y la reacción de Proton VPN
Las compañías afectadas sostienen que su actividad es legal y que no pueden responder por cada uso que haga un cliente. Desde esta perspectiva, una VPN es una herramienta de seguridad y privacidad, no un servicio diseñado para piratear. Que alguien la utilice para acceder a una retransmisión no convierte a la empresa en responsable directa, igual que ocurre con otras tecnologías de red.
Proton VPN, una de las incluidas en la petición, ha criticado públicamente la estrategia de LaLiga. En redes sociales ha resumido su particular versión de los pasos dados por la patronal: primero los bloqueos, después la solicitud para entrar en la lista antipiratería y, finalmente, una hipérbole sobre prohibir el WiFi de los bares. La empresa utiliza la ironía para subrayar que, a su juicio, se está señalando a servicios legítimos por culpa de contenidos de terceros.
La reacción de Proton VPN también apunta a un temor mayor: que las medidas antipiratería acaben afectando a servicios que nada tienen que ver con el fútbol. La compañía ha recordado que los bloqueos pueden tener efectos colaterales y ha cuestionado que se la responsabilice por guías o blogs que no controla. En el fondo, late el debate sobre hasta dónde puede llegar una operadora o una liga para perseguir la piratería sin dañar internet.
Qué puede ocurrir con la lista de vigilancia
La petición de LaLiga se enmarca en la próxima revisión de la lista de vigilancia europea, un documento que se actualiza periódicamente y que no tiene por sí mismo efectos sancionadores directos. Aun así, aparecer en ella puede dañar la reputación de una empresa y abrir la puerta a más presión regulatoria, algo que las VPN quieren evitar.
El choque entre LaLiga y las VPN refleja una tensión más profunda: la lucha contra la piratería deportiva choca a veces con herramientas diseñadas para la privacidad. Mientras la patronal insiste en que hay negocios montados alrededor del geobloqueo, los proveedores replican que no son responsables del uso ilícito que puedan hacer los usuarios. La UE tendrá que decidir si incluye o no estos nombres en su particular lista negra.
Lo que está claro es que el asunto no se va a cerrar pronto. LaLiga quiere marcar territorio en Bruselas, las VPN defienden su legalidad y los aficionados siguen pendientes de cómo afectarán estas medidas a la forma de ver fútbol. El debate mezcla piratería, privacidad y derechos de retransmisión, tres ingredientes que garantizan más capítulos en los próximos meses.
